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histórico

El 26 de septiembre, Pasqual Maragall, que ha sido alcalde de Barcelona a lo largo de casi quince años, dejó su cargo. En los meses previos a dicha fecha, escribió una larga carta dirigida al presidente de la Generalitat y al anterior presidente del gobierno español. Una reflexión epistolar que empezó a redactar en 1985, en Leningrado, justo cuando se iniciaba un periodo que sería decisivo para la ciudad, y que ha querido retomar doce años después desde la óptica de una experiencia compleja y apasionante. Desde Barcelona. Metròpolis Mediterrània nos complace publicar este documento único, que, evidentemente, mantiene su vigencia después de la llegada del Partido Popular al gobierno del Estado. En el último texto que firma como alcalde, Maragall toma la palabra para hablar de los capítulos claves de su gestión a la cabecera de diferentes gobiernos municipales. De los Juegos Olímpicos a la Carta Municipal, del Plan Estratégico Barcelona 2000 al sistema de financiación público, del significado de Barcelona en Catalunya y España a las cuestiones que la ciudad aún debe resolver con tal de afrontar su futuro con garantías.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO: Pasqual Maragall

Carta a los presidentes

Ahora que me voy, después de cerca de quince años en la alcaldía de Barcelona, he recordado aquel octubre de 1985 en Leningrado. Había ido allí por segunda vez, para firmar el hermanamiento entre aquella ciudad y Barcelona. Uno de aquellos tres o cuatro días lo pasé en la cama, enfermo, viendo pasar a gran velocidad las nubes que el viento transportaba sobre el Neva hacia poniente.

No perdí el tiempo del todo, aquel inesperado día de inactividad: inicié una larga carta al presidente del gobierno español y al presidente de la Generalitat... que quedó inacabada.

Dos años después, saqué aquellos papeles de un cajón. Tampoco salí adelante. Pero el esfuerzo no fue inútil. El tiempo, las vicisitudes y muchas lluvias han caído desde entonces. Barcelona consiguió su sueño jamás confesado: ser capital del mundo por unos días. Un hito histórico que fue posible gracias a que trabajamos como nunca hasta entonces lo habíamos hecho.

Han tenido que pasar diversas elecciones y su consiguiente rastro de emoción, palabras cruzadas y cambios de equipos de gobierno. Los colaboradores fueron pasando, algunos para siempre, y 1991 dio paso a un año que era decisivo para la ciudad. Y aquel no era un mal momento para volverlo a probar, para volver a dirigirme al presidente del gobierno catalán y al presidente del gobierno español.

1991 era un buen momento porque iniciábamos un año decisivo y un cuatrienio entero de gobierno municipal (1991-1995). Y allá quería exponer nuestros proyectos, nuestra situación de partida, aquello que nos falta y lo que creo que nosotros podemos ofrecer a Cataluña y a España.

En el año 1992 pasamos un par de días con la familia González en el Coto de Doñana. En aquella ocasión, dejé al presidente español una primera versión de la carta. Pero ha sido ahora, a punto de dejar este cargo que tantas satisfacciones me ha dado, cuando he encontrado el momento de finalizarla. A la tercera fue la vencida.

Quiero hablarles de muchas cosas, del acontecimiento olímpico del 92 y de lo que éste significó para la ciudad. Pero también quiero comentarles la significación de Barcelona, de lo que todos nosotros queremos ser. Y no quiero olvidarme de la Carta Municipal o Ley Especial de la Ciudad y del Plan Estratégico Barcelona 2000. Y del dinero, claro está, uno de los temas que en nuestros encuentros, inevitablemente, siempre acabamos tocando. Y de la calidad de vida en la gran ciudad, la asignatura eternamente pendiente de la clase política -casi diría del establishment- ante los ciudadanos.

Al final les haré un recordatorio, para que la lectura -necesariamente extensa- de estas letras, tanto si la hacen en el sosiego del hogar como en la tensión del trabajo, la hagan sabiendo que no les es preciso retener los detalles.

Y que vaya por delante una pequeña confesión: la admiración sincera que profeso al presidente de la Generalitat de Catalunya, y el respeto y la solidaridad mezclados que guían mis actitudes hacia él, más allá de las coincidencias y discrepancias que de tanto en tanto surgen entre él y yo. Por lo que se refiere al anterior presidente del gobierno español, a quien dirigía esta carta, aprendí a encontrar en él a una persona que interpretaba mejor que nadie toda la ambición y cautela de mi generación. Me he sentido cordial e intelectualmente interpretado, y conmigo, creo, miles y miles de ciudadanos de Barcelona de mi generación y de otras.

No ha sido ni es fácil, para la Barcelona orgullosa y exigente de hoy, para la vieja Barcelona mil veces herida y ofendida y tantas otras victoriosa, obtener un respeto, un reconocimiento, desde el sur del Ebro.

Al margen de diferencias políticas, al presidente de la Generalitat, a quien también dirijo esta carta, le vemos todos los catalanes como la voz del país. Su gesto es la representación personalizada de Cataluña, de nuestra intransigencia y flexibilidad. Él es el intérprete apasionado de nuestro momento histórico y el presidente de la eclosión de la Generalitat como institución propiamente dicha, respetada por todos y envidiada por muchos. Sin olvidar que todo eso lo hizo posible durante años de dignidad y gracias a un dignísimo regreso, el primer presidente, el presidente Tarradellas.

Incluso los que, como yo, hemos tenido que sufrir el efecto amargo de actitudes que le ha dictado bien ciertamente al presidente Pujol su innato sentido de la gravedad del propio cometido histórico, hemos aprendido a admitir que su actitud tiene siempre una causa.

Las palabras que siguen están dictadas, pues, juntamente con la ilusión de quien ha sido alcalde durante cerca de quince años, por el respeto profundo que le merecen los detinatarios de esta carta, solamente superado por el que le inspira la misión que todos nosotros, desde el cargo más alto hasta el más humilde, servimos con buena fe: la de representar honestamente la humanidad y la naturaleza que nos rodean.

"...una de las obras que a mi me resultaban más emocionantes: el Palacio Nacional".

 

Los Juegos Olímpicos

Como ustedes saben muy bien, la organización de los Juegos Olímpicos se componía de dos elementos igualmente importantes: la infraestructura urbana y la operación de los Juegos. Puedo asegurarles que los dos campos estaban bien trabajados, y la prueba es el éxito magnífico que conseguimos.

El periodo más difícil fue el de 1987-1989, desde la nominación en Lausana, a finales de 1986, a la que ustedes contribuyeron personalmente con su presencia, y la difícil transformación del comité de candidatura en comité de organización, hasta la aparición en la calle, en los espacios públicos, de los primeros resultados de nuestra tarea constructiva. Inicio bien dramático, por cierto, como ustedes recordarán.

En la inauguración del Estadio Olímpico coincidieron todos los elementos desfavorables que se habían infiltrado en esta difícil fase de nuestro proyecto: las prisas, la descoordinación, la malicia política, la falta de confianza, la fecha fija que obligaba necesariamente, la climatología, la falta de madurez, la apuesta por el viejo Estadio en lugar de por una nueva instalación.

No se inventa ni se decreta una ciudad olímpica: se construye lentamente sobre la base de una vocación imprescindible. Y, con el tiempo, la ciudad aprende a ser olímpica.

Desde la distancia de hoy, todos aquellos sufrimientos parecen bien empleados. Y sobre todo se demuestra acertada la firmeza de mantener el rumbo sin grandes derivas y de guardar la confianza en el equipo inicial -aunque, como inevitablemente pasa, algunos tuvieron que pagar por todos, este precio tan injusto de la política-, sin prestar atención a las opiniones dictadas más por la ansiedad que por el frío razonamiento.

En el terreno de las infraestructuras fue muy positivo el grupo de trabajo creado para hacer un seguimiento de las obras. Sus informes quincenales, desde una segunda auditoría o auditoría de alta dirección, narraban las peripecias que experimentaba cada uno de los 300 proyectos: el aeropuerto, los tramos de las rondas, las instalaciones deportivas, los canales de remo, los hoteles, el Palau Nacional...

Como es bien sabido y aceptado por la opinión pública, el resultado global es muy positivo. Los caminos críticos, en el lenguaje de la ingeniería constructiva, fueron sucesivamente el traslado de la línea férrea de Poblenou, el aeropuerto, la plaza de las Glòries, las instalaciones deportivas para las pruebas test del verano de 1991, los hoteles Juan Carlos I y Arts, que requerían un prudente periodo de rodaje antes de alojar a jefes de estado y miembros de la familia olímpica; el Palau Nacional de Montjuïc, sede del acto social de inauguración, donde recibimos a los invitados de todo el mundo y donde Cataluña vuelve a mostrar su arte románico y su arte gótico; y el Nus de la Trinitat, nudo gordiano donde se unen las dos rondas y la autopista de Francia. Y si les parece también podemos hablar de la pata sur de la Ronda Litoral, que pronto tendrá que enlazar esta vía con la Diagonal y bajar hasta el río LLobregat y atravesarlo, delante del aeropuerto.

A lo largo de aquel lejano 1991 tuvimos ocasión de repasar el estado de una de las obras que a mí me resultaban más emocionantes: el Palau Nacional. Se trataba de reconvertir aquel viejo buque de 1929 en el segundo gran museo de España, superado sólo por el Prado. Y es emocionante porque se trata del edificio más grande de Barcelona y uno de los museos más grandes del mundo. El Palau Nacional es sin duda el más completo que existe en arte medieval, y en especial en arte románico. La tradición republicana y la ley autonómica quisieron que fuera el gran museo de Arte de Cataluña, desde la Edad Media hasta el modernismo y las vanguardias, dejando fuera la arqueología y el arte contemporáneo.

Finalmente, el milagro fue posible. Con el esfuerzo de todos. En el verano del 92, el simbólico edificio de Montjuïc lució, junto con el Estadio, como la gran pieza civil del acontecimiento olímpico, la carta de identidad de Cataluña y la mejor programada de nuestro futuro turístico de buen nivel. Este verano hemos inaugurado las salas de arte gótico. Sólo queda desear que, transcurridos diez años desde que se iniciaron las obras, el proyecto avance sin cesar hasta su culminación.

La realización de todo este trabajo fue posible gracias a que la operación estaba en buenas manos. Pere Durán y Gae Aulenti, con Enric Steegman, la constructura italiana Edil Fornaciai y el infatigable Josep Anton Acebillo han de ser citados aquí. Así fue posible garantizar el no menos importante equilibrio económico de esta magna operación. Un apartado no menospreciable del éxito alcanzado se debió al reforzamiento de las relaciones internacionales y de la seguridad, así como con los medios de comunicación, que, de entrada, yo vaticinaba que no nos darían un trato especialmente caritativo. Pero no. Las informaciones sobre Barcelona en la prensa de todo el mundo se multiplicaron, y no nos dejaron mal. Una de las claves que contribuyeron a nuestro éxito y a la imagen positiva que la ciudad dio al mundo.

A todos estos aspectos me dediqué personalmente durante los meses previos al 25 de julio de 1992, pese al convencimiento de que las obras avanzaban según lo establecido, y de que la operación funcionaría perfectamente en sus vertientes de informática, telecomunicaciones, competiciones deportivas y logística. El equipo, repito, era de primera línea y estaba muy bien cohesionado, con un ejecutivo excelente y efectivo como es Josep Miquel Abad, al que no me arrepiento de haber defendido en los momentos de crisis. Lo devolvió con creces. Quise asegurar al presidente del gobierno español la asunción por parte de la Alcaldía-Presidencia del COOB´92 del espíritu que se desprendía de sus palabras: seguridad como prioridad y trabajar políticamente y en los detalles para obtener una imagen del país que se correspondiera con el esfuerzo realizado y la enorme oportunidad histórica que teníamos delante.

La Presidencia de la Generalitat tenía un papel importante en los meses previos a los Juegos Olímpicos, y yo le solicité una definición específica de los movimientos y gestiones que era preciso realizar, para ponerme inmediamente en línea con los planteamientos que hacía falta desarrollar.

Cataluña no podía desaprovechar la ocasión histórica que se le brindaba, también a ella, de hacer lo que el pasado no permitió: explicarse con hechos.

Si España pretendía legítimamente demostrar que había cambiado tanto como el mundo sospechaba, Cataluña quería mostrarse al mundo como una nacionalidad con todas las de la ley. Y España no podía ignorarlo: al contrario, tenía que ayudar. En este sentido, pues, el presidente de la Generalitat jugaba un papel crucial.

Él, más que nadie, tenía que garantizar y ser responsable de que dominase la sintonía en la emisión de los mensajes plurales que, como era de prever, se produjeron. Una emisión que fue irreprochable salvo episodios puntuales que no deslucieron la trayectoria general. El presidente sabe que en los meses previos a aquella fecha me puse en sus manos para atender los requerimientos que considerase convenientes, y con la frecuencia que creyera oportuna. En definitiva, sólo nosotros éramos responsables de que todo se desarrollara correctamente. Por mi parte, tenía plena conciencia de que había que estar dispuestos a los sacrificios que fueran precisos y a esfuerzos importantes en esta línea. No hubiera sido bueno, por ejemplo, que se difundiera la impresión de que alterábamos procedimientos por hechos sucedidos en la ex-Unión Soviética. Algunas de las propuestas que formulé en círculos reducidos y discretos sobre elementos de pluralidad en las ceremonias de inauguración podían haber sido interpretadas como una excesiva sensibilidad a hechos exteriores. Una circunstancia que en su momento tuve ocasión de comentar con el mismo presidente Pujol y con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Joan Antoni Samaranch.

Por otro lado, la situación internacional en los años previos evolucionó de tal manera que los Juegos de Barcelona, ya de buen principio pretendientes a una aureola de festividad y de reencuentro internacional a escala múltiple, se podían convertir, en efecto, en la oportunidad que la opinión pública internacional esperaba con ansiedad: comprobar si en el mundo pesaban más las formidables transformaciones positivas recientes o las también impresionantes dificultades, diferencias y obstáculos económicos, políticos e ideológicos que se oponían. Espero que se me excuse la petulancia.

Pero lo cierto es que toda esta coyuntura no nos hacía las cosas más fáciles, sino más difíciles. Tanto en el aspecto de la seguridad, como en el del protocolo y en el de la modulación de los mensajes a emitir, como en el caso de los símbolos, de los lenguajes y de los gestos. Trabajamos con pasión para que todo saliera bien. Y salió bien.

Pero Barcelona no se conforma con tener que dar un prodigioso salto adelante, como en el 88 del siglo pasado o en 1929. Quiere estabilidad en la clasificación general de ciudades. Mantenerse arriba. No decaer.

El proyecto olímpico fue un magnífico acicate para las energías de la ciudad. Canalizó recursos extralocales en una magnitud siempre deseada pero nunca obtenida en los últimos sesenta años. Un flujo que querríamos que fuese constante y no esporádico.

El Holding Olímpic y las otras inversiones emprendidas directamente por el Estado y/o la Generalitat permitieron movilizar, junto con la inversión local y privada, recursos del orden de los 750.000 millones de pesetas -hay quien afirma que de los 900.000 millones- en un periodo relativamente breve de cuatro o cinco años. Y permitieron dotar a la ciudad y al área metropolitana de buenas vías de comunicación, telecomunicaciones, hostelería, centros terciarios alternativos, colectores, estadios y otras instalaciones deportivas, puerto de recreo, aeropuerto, vialidad primaria y también la reforma o la realización o el inicio de grandes estructuras culturales como el Palau Nacional, el Museu d´Art Modern, el Convent dels Àngels, la Casa de la Caritat, el Monestir de Pedralbes, el Teatre Nacional, el Auditori, el Arxiu de la Corona d'Aragó, el Museo d´Art Contemporani de Barcelona (Macba), el nuevo Teatre Lliure, el Liceu, la reforma del Palau de la Música, el Museu d´Historia de la Ciutat, el Jardí Botànic...

Un sistema metropolitano europeo

Faltan todavía muchas cosas: en particular, terminar el impulso en materia de estructuras culturales, asegurar la oferta de agua limpia y mejorar el área del Besòs y vertebrar la zona de actividades logísticas del LLobregat, a la cual me referiré más adelante.

Estructurada ya en la realidad física y social como un área metropolitana de tres-cuatro millones de habitantes, Barcelona ha de mantener vivas las fuentes de su crecimiento cualitativo y de su competitividad como ciudad.

El centro municipal del área, el municipio de Barcelona, pierde población -se entiende, población a la hora de dormir. Y el área en su conjunto no crece, como tampoco lo hace Cataluña. Hay, por tanto, un lógico desplazamiento de la población residente hacia la periferia del área urbana y un nuevo equilibio demográfico área metropolitana de Barcelona-Cataluña, después de 25 años de concentración (1950-1975). La nueva situación plantea problemas de calidad de vida y de equidad en sectores de la población, pero no grandes inquietudes de estrategia territorial. Al contrario. No se trata de hacer crecer más ni el municipio ni el área. Se trata de potenciar sus factores de atracción de intereses, de inversiones, de tecnología, de actividades académicas y científicas, de gente cualificada, de actividades culturales de alto nivel. Y de hacerlo equilibrando la oferta de factores de atracción con tal de no menguar la del conjunto de centros urbanos de Cataluña, sino de potenciarlos, así como potenciando la conexión del sistema urbano-metropolitano español dentro del sistema de ciudades más grande que es Europa.

Las grandes decisiones tomadas en los últimos años sobre Barcelona benefician a toda Cataluña y dotan a España de un incipiente sistema metropolitano competitivo con las redes urbanas europeas, que favorece a toda la península en una medida considerable. Pero todavía nos faltan cosas, como he dicho.

Nos falta agua y espacio. Hasta el 2000, en menos de diez años habremos invertido 100.000 millones de pesetas en depuración y nuevas captaciones complementarias, y tendremos que tomar decisiones en materia de aportaciones de caudales externos, pese a que la tan criticada absorción de los costes ecológicos en el recibo del agua ha permitido una adecuada financiación y una contención evidente del consumo.

Barcelona se ha planteado la posibilidad de disponer de una doble red de distribución de agua -para beber y reciclada- y desea contribuir a la conversión de los rios Besòs y Llobregat en escenarios naturales/convencionales de gran valor y limpieza. Ambos objetivos se complementarán. Sin depuración no hay dignidad paisajística ni agua suficiente.

Es conocida mi posición sobre el área metropolitana. Su dispersión en diversas entidades sectoriales y territoriales fue un error político y estratégico, seguramente sin grandes repercusiones electorales a corto plazo, y dictado por un cálculo de reequilibrio territorial en Cataluña que ya no tiene razón de ser, dadas las tendencias espontáneas.

Las mejores épocas de la historia de Cataluña han ido unidas a las de una Barcelona fuerte política y económicamente. No es cierto que la economía de Cataluña pida, exija o simplemente se pueda permitir una Barcelona débil. No es cierto que Barcelona saque su fortaleza de haber sustituido un poder catalán inconstante, insuficiente y mal visto por el resto de la península. Barcelona ha realizado esta función de sustitución. Y, por decirlo de alguna manera, toda Cataluña sobrevive en alguna medida gracias a este hecho. De hecho, Barcelona no habría podido hacerlo si no hubiera existido un sentimiento de nacionalidad subyacente que se expresaba a través de los nombres, banderas y símbolos de la ciudad.

Pero es un error pensar que ahora, recuperado el camino de la Cataluña rica y plena, autónoma y confiada, Barcelona tenga que renunciar a su potencia, que sigue siendo la mejor garantía de la libertad de Cataluña. Así ha sido, repito, en los mejores momentos de nuestra historia como pueblo, no solamente en los difíciles.

Lo que sí es cierto es que hay un juego sutil de significaciones (España, Cataluña, Barcelona). Y lo es también que la potencia de Barcelona -lo que un día usted mismo, señor presidente de la Generalitat, llamó la force de frappe de Cataluña- no tendría la consistencia y la profundidad que tiene si no fuera por la existencia de una red urbana muy rica y tupida, de la que Barcelona es tan sólo el encabezamiento, y que Barcelona ha de colaborar para hacer que se respete y se fortalezca como tal malla de país, porque de ella obtiene la demanda, las raíces, la estabilidad y la razón histórica de su propia existencia como capital. Lo cierto es que Barcelona no sería lo que es -y Cataluña tampoco-, pese a todos los obstáculos, ignorancias y agresiones venidos de fuera, si no hubiera sido por el papel que ha jugado en el seno de un mercado, de un país y de un Estado más grandes, no siempre fáciles ni benévolos, pero siempre virtulamente presentes como ámbito económico, como reto cultural y político, como fuente de brazos y talentos para nuestra propia construcción nacional y urbana.

Y España no sería España sin Barcelona, como no lo sería sin Cataluña. Eso quiere decir que en la regularización de nuestras relaciones interterritoriales dentro de la península tenemos que dejar espacio a una estrategia para Barcelona -y para Cataluña- pensada desde España, desde el conjunto de los pueblos de España, desde un Estado en el que nosotros somos parte importante, a veces decisiva, puerta de Europa y locomotora económica, cultural y técnica.

Cualquier otro planteamiento, siempre respetable, equivaldría a conformarnos con menos de lo que podemos llegar a ser, con menos de lo que ya somos.

A finales de 1909, Joan Maragall, en un artículo dedicado al Empordà, iniciaba un planteamiento en el que los significados Barcelona, Cataluña, España y Europa iban tomando la forma que aproximadamente hoy les daríamos.

Somos europeos porque somos catalanes, como los otros nacionales del continente. Cataluña es la sal de nuestra condición de europeos. La mejor manera de ser españoles es ser buenos catalanes. Y llegará un día en que no será preciso ni llamarse catalanes. Bastará con llamarse ampurdaneses o barceloneses. Éste es el mensaje maragalliano. La verdad está en la parte y no en el todo, en la semilla más que en el fruto.

Nuestra ciudad recibió al mundo en este marco de certidumbres, consciente de ser capital de una cultura nacional única, irrepetible, y sabiendo que esta cultura no tendrá todo el valor que puede tener si no es en el seno de la construcción federal y respetuosa de la España moderna y plural. Consciente también de ser capital temporal de las esperanzas de fraternidad y competición deportiva y pacífica de miles de millones de hombres y mujeres de todo el mundo.

Lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña, y lo que es bueno para Cataluña lo es para España. Verdades que solamente piden una condición para serlo del todo, en profundidad: que puedan expresarse en un marco de confianza creciente en el que los sacrificios que mutuamente comportan sean admitidos sin pesadumbre, como el precio habitual y no excesivo del comercio de sentimientos y donaciones recíprocas en que consiste la coexistencia dentro de un proyecto común, de todos los pueblos de España, orientado hacia la unidad europea, la pacificación del Mediterráneo, y la fraternidad iberoamericana.

Barcelona ofreció a Cataluña y a España la posibilidad de jugar -intensamente por unos días, más constantemente y modestamente después- el rol de dinamizadora de proyectos positivadores de la convivencia.

Centro mundial de la competición pacífica, vanguardia del autonomismo ibérico, referencia del Norte del Sur europeo, motor del dinamismo de las ciudades europeas, la mayor ciudad de la ribera mediterránea de Europa, capital cultural europea: esto es lo que queremos ser, esto es lo que de alguna manera ya somos, con la ayuda de ustedes.

"Barcelona consiguió su sueño nunca confesado: ser capital del mundo durante unos días"

 

La Carta Municipal o Ley Especial de la Ciudad

En 1904, Cambó pedía a Alfonso XIII una ley para la ciudad. Jaume I se la había dado en 1284 con el Recognoverum Proceres, cuyo contenido fue desarrollado más tarde en las Ordinacions d´En Sanctacília. Felipe V las revocó en el Decreto de Nueva Planta, que empequeñeció el territorio del Consell de Cent -del Monte Catus o Montgat al Castro Felix o Castelldefels- y retornó Barcelona a las estrictas murallas, más un yermo definido por el arco del alcance de los cañones situados en ellas, el actual Eixample.

La ciudad se recuperó y consiguió el territorio antes que la ley: no habían pasado dos siglos cuando todos los ayuntamientos creados por la Nueva Planta en la llanura estricta del Barcelonès, con nombres de las parroquias sufragáneas de otras iglesias intramuros, eran anexionados de nuevo por el municipio central. Sant Martí de Provençals, Sant Joan d´Horta, Sants, Sant Vicenç de Sarrià y Sant Gervasi, la Mare de Déu de Gràcia, Sant Andreu de Palomar, las Corts de Sarrià pasaban a formar parte de Barcelona. Quedaban fuera las parroquias-ayuntamientos de más allá de los ríos. A partir de 1860, físicamente, la nueva gran ciudad era un hecho al derribarse las murallas y urbanizarse el Eixample.

La demanda de Cambó era, pues, una coronación, la petición de admisión de un hecho ya incontrovertible. Hacía algunos años ya que los poetas habían cantado la ciudad que traspasaba el horizonte de sus colinas, de río a río extendida, y defendida por los torreones del Garraf, Sant Pere Màrtir y Montgat, y por dos "troneres avançades, los pits de Catalunya: Montseny i Montserrat" ("troneras avanzadas, los pechos de Cataluña: Montseny y Montserrat").

Igualmente, Barcelona pide ahora con todo respeto, después de más de diez años de trabajos preparatorios, cuando entre tanto se han ido llenando los pocos huecos de suelo urbanizable dentro del municipio central, cuando ya es un hecho la nueva red de movilidad posible -con los cinturones y los túneles-, el reconocimiento de sus especialidades jurídicas en tres campos.

En primer lugar, el campo de la especial relación del municipio central y los que le rodean, unidos ya en una sola aglomeración regional de más de cuatro millones de habitantes, que necesita una administración común de las grandes infraestructuras y un planeamiento territorial singular, así como la específica colaboración de los municipios que forman el continuum urbano central de la aglomeración y que habrían de administrar en común su urbanismo menor, y quién sabe si un montón de servicios de diversos órdenes, hoy coartados por la existencia de tantas fronteras locales.

En segundo lugar, el campo de colaboración entre instituciones diversas en la gestión de infraestructuras y servicios de gran significación, situados hoy en uno u otro dominio competencial, básicamente en el del Estado: puerto, aeropuerto, mercados centrales, Fira, Palau de Congressos, Zona Franca, Zona d´Activitats Logístiques, Parc Tecnològic. Por poner un ejemplo, para que el aeropuerto funcione bien, deben estar representados en él la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Fomento y el Ayuntamiento del Prat de Llobregat; y eso requiere la transformación previa del Ente Nacional de Aeropuertos (hoy AENA) en un holding de entes singulares o sociedades anónimas de gestión. Al menos en el caso de los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma.

A esta lista podríamos añadir - pero ya han sido citadas y tienen carácter diferente- las estructuras culturales como el Liceu, el Auditori, el Museu Nacional d´Art de Catalunya y el Macba, donde las administaciones públicas presentes en la ciudad van ligando, lentamente, los sistemas de colaboración más apropiados. En este sentido hemos de contemplar con optimismo las perspectivas actuales, que harán de Barcelona lo que siempre ha sido en potencia, un centro cultural europeo de primera magnitud.

Son muestra de la formidable explosión cultural el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Teatre Nacional, la Ciutat del Teatre, el Palau de la Música, la futura Biblioteca Provincial del Born, la Biblioteca de Catalunya, el Institut d'Estudis Catalans, el Arxiu de la Corona d´Aragó, el Convent dels Àngels, el Jardí Botànic, los viejos y nuevos museos y centros de cultura -como el Barbier-Müeller, el Museu d´Història de Catalunya, el Museu de la Ciència y Casaramona-, el Aquarium y el florecimiento de teatros privados y salas de arte.

Continuando en el terreno de la articulación de las grandes entidades barcelonesas o metropolitanas, el municipio se considera menospreciado -sin hacer grandes aspavientos- en la representación de la sociedad en las universidades o las cajas de ahorro. Tal vez la Ley Especial de Barcelona podrá hacer alguna cosa al respecto. El notario Puig Salellas ha propuesto una fórmula inteligente para el primer tema. En cuanto al segundo, ni el Defensor del Pueblo Ruiz Giménez osó interponer un recurso, que reconocía bien fundamentado, contra la ley catalana de cajas de ahorro que suprimió casi la representación de los municipios en las mismas, vigente en el resto de España.

El Ayuntamiento de Barcelona, con el de Sabadell, cedió terrenos e incluso detentó el leadership en la creación de la Universidad Autónoma, cuya comisión gestora estaba presidida por el primer teniente de alcalde; el Ayuntamiento y la Diputación cedieron locales, al lado de la Casa Consistorial, y dinero para la fundación de la Caixa de Barcelona, hoy reconvertida en la Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa". Y sin embargo, tiene los mismos representantes en esta entidad que los respetables Círculo Agrícola Catalán de San Isidro y la Societat d´Amics del País.

Finalmente, en el campo de las especialidades administrativas y fiscales, Barcelona ha sido siempre fermento de innovaciones y especialidades en estos campos, desde la creación de los delegados de Servicios o el arbitrio de radicación, hasta en temas tan en la frontera del Derecho Civil como el testamento sacramental, que en algunos casos han acabado convirtiéndose en ley general. ¿Por qué no reconocer de nuevo que Barcelona, por tradición, por práctica, por razones diversas, se sitúa en la vanguardia de un conjunto de procedimientos que necesitan el apoyo de la ley para consagrarse, y que pueden contribuir, modestamente, a la solución de los famosos problemas de la gran ciudad, del malheur de banlieue del que hablan los franceses, y de la obsesionante falta de calidad de vida en las aglomeraciones metropolitanas?

Volveré al tema al final de estas letras. En Barcelona, el marco legal fundamental lo componen la Constitución Española, el Estatut de Cataluña y nuestra Ley Especial. El Estatut, al reconocer la necesidad de regular el hecho metropolitano, no piensa en otra cosa. La Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Finanzas Locales, cuando reconocen la vigencia parcial de la antigua Ley Especial y la necesidad de una regulación financiera especial para Barcelona, funcionan en el mismo sentido.

Entendemos que las administraciones superiores tienden a reaccionar ante esta histórica pretensión barcelonesa aduciendo el inconveniente del agravio comparativo. Pero también entendemos que si las leyes fundamentales -no solamente ahora sino hasta incluso en periodos no democráticos- han admitido la existencia del concepto jurídico de especialidad, es porque desde Jaume I a Francesc Cambó, desde los anónimos compiladores de la baja Edad Media hasta Manuel Ballbé, el insigne redactor de la Carta de Barcelona de 1961, la realidad y los proyectos surgidos de la profundidad del cuerpo social se acaban imponiendo a los argumentos de conveniencia.

Barcelona no puede seguir contribuyendo de forma tan notable como hasta ahora a la formación contemporánea de la España democrática y la Cataluña autónoma sin disponer del instrumento legislativo de navegación histórica que pretende, merece y necesita.

Resumiendo: regular las relaciones en el complejo territorio metropolitano y en el centro histórico de la aglomeración; equilibrar de forma estable las relaciones entre la capital y el país; hacer participar a la ciudad y a la Generalitat de Cataluña, junto al Estado y la sociedad civil, en la gestión de las grandes instituciones y estructuras técnicas, económicas, culturales y de cualquier otra índole; crear la indispensable justicia local y la justicia inmediata; dotar a la ciudad de los instrumentos necesarios para hacer frente a los problemas del medio ambiente, el transporte y la vivienda, la financiación de los servicios sociales y educativos y su materialización: he aquí el objetivo de lo que llamamos Carta Municipal de Barcelona o conjunto de regulaciones que la ciudad pide para avanzar.

El Plan Estratégico Barcelona 2000

Doscientas entidades han trabajado durante años para producir un escenario de futuro creíble y estimulante. Y lo han conseguido.

Conocen bien, estimados presidentes, las conclusiones del trabajo. En el primer Plan, catorce grupos, comandados por un promotor, trabajaron en la definición esmerada de los objetivos que no disponen claramente de una administración o institución de tutela competencialmente responsable. En total, 54 objetivos fueron formulados y la mitad -y es mucho- conseguidos.

Los tres grandes ejes de consenso eran la vertebración de una macro-región europea del Norte del Sur como condición de progreso; la prioridad de los servicios a las personas y la calidad de vida como marca distintiva de la filosofía compartida por todos los barceloneses, y el énfasis en los servicios a las empresas.

Si pensamos que en los años veinte Barcelona era, a los ojos de Europa, la ciudad de las bombas, que una novela podía hacer fortuna entonces bajo el título de Cuando mataban por las calles; que los odios más reconsagrados y la intolerancia más enraizada presidían nuestras horas en los años treinta y cuarenta; que el actual presidente de la Generalitat era maltratado en la Via Laietana al iniciarse los sesenta por haber osado criticar el anticatalanismo militante del director de un diario; y que en los primeros años setenta vivíamos estados de excepción, reuniones limitadas a veinte personas, ejecuciones políticas... ¿Quién puede negar que ver hoy formarse el consenso de 200 entidades sobre nuestro futuro y comprobar que entre ellas se encuentran los sindicatos y la patronal, el comercio y la universidad, no constituye todo un pequeño milagro? ¿No es éste el mejor resumen de las transformaciones políticas que España, Cataluña y Barcelona han vivido en los últimos quince años?

Me consta que S.M. el Rey, a quien presentamos en primer lugar las conclusiones del primer Plan, el 25 de mayo de 1990, es un defensor entusiasta del mismo, y que las iniciativas semejantes que se desarrollaron en Madrid y Sevilla estaban relacionadas con la opinión favorable que se había generado en círculos importantes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recibido una exposición detallada del Plan Estratégico y recomienda su modelo a las ciudades de los países miembros. El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) ha asesorado a una veintena de ciudades del Nuevo Mundo siguiendo el modelo de Barcelona.

Resultado del espíritu que animaba las primeras reuniones estratégicas, y del apoyo decidido del conseller de Economía, Macià Alavedra, fue la creación de la primera iniciativa conjunta de la comunidad financiera barcelonesa en torno a la asociación Barcelona, Centre Financer Europeu, que primero presidió Claudi Boada y después, turnándose, los directores generales o presidentes de las dos grandes Cajas, la Banca Catalana y el Banco de Sabadell. No queremos permanecer al margen de la red de decisiones financieras de Europa. Nuestro potencial económico lo pide y lo permite. Estamos dispuestos a la especialización y a la modestia, pero no a la desaparición, financieramente hablando. Somos conscientes de que hay un lugar para nosotros en este espacio, y lucharemos encarnizadamente para ocuparlo. El Mercado de Futuros, que pilotan Basáñez y Oller, nos hace creer que lo podemos conseguir. También la recuperación de la Bolsa, dirigida por Joan Hortalá.

De la misma manera que tratamos de cubrir nuestras flaquezas, trataremos también de sacar partido de nuestra particular configuración. La densidad de Barcelona, que nos hace una ciudad humana, cálida, amada por propios y extraños, y nos distingue de las perspectivas propias de las capitales de las grandes sedes estatales, nos obliga a organizar el uso del espacio, y nos da, tal vez, un muy extremado sentido del detalle, de la forma: Barcelona es un derroche de hierros forjados, hormigón retorcido para extraer de él un gesto imposible, maderas labradas, paredes esgrafiadas, cristales ensortijados, fachadas pulidas, barandillas historiadas, piedras d sillería y pedreras reaprovechadas, joyas, estucos, retablos, rincones inauditos. Cada palmo cuadrado, además, tiende a ser una obra de artesanía en esta ciudad sometida, dicen, a la tiranía del palmo cuadrado, a la avara povertà de espacio y al imperio de la estética que denunciaba Unamuno y elogiaba Cervantes.

El año 2000 y el siglo XXI están sirviendo, en este marco, como referencia de un nuevo pacto con el entorno. Un grado más de ambición en el dimensionamiento de las estructuras que no nos tiene que arrebatar el humanismo y la prudencia de las formas. De ahí las autovías torturadamente discutidas y diseñadas para evitar la dictadura de la función sobre la forma. Algunas torres altas, pero no muchas, las justas para una generación que, pese a las apariencias, quiere sobre todo conservar el espíritu de una ciudad proporcionada, justa, contenida, como la quería el viajante italiano del siglo XV que citaba Ramon Trias Fargas en su discurso de despedida consistorial. Conservar el mismo espíritu, pero vivo.

En este contexto hay dos aspectos que siempre cito: el cableado de la ciudad y la ordenación del subsuelo.

Ciudad densa, ciudad congestionada, ciudad cara: tres cosas que van unidas y que nadie sabe del todo cómo ordenar en la secuencia de causas a efectos. Los economistas tienden a decirnos que el suelo es caro porque es escaso. Y congestionado porque es denso.

Pero Barcelona ha funcionado históricamente bastante bien como matriz de flujos y movimientos. El Eixample racionalista del XIX es un modelo internacional de optimización del número de intercambios por unidad de superficie y tiempo. ¿Resistirá bien la actual embestida de la motorización? ¿Y las que aún vendrán? Hablaremos de esto más adelante, y seguiremos hablando siempre.

En todo caso, para mantener y aumentar su atractivo, Barcelona cuenta con aprovechar la densidad para ofrecer comunicaciones a costes per cápita bajos. Nuestra ciudad apila muchos habitantes y empresas sobre cada hectárea de suelo. Si el suelo está equipado, cableado, conectado a redes de comunicación, ésta es barata para cada usuario. De aquí viene la importancia y la factibilidad de la red de cableado óptico.

Cuando hago los últimos toques a esta antigua carta, estamos a punto de obtener para Cable i Televisió de Catalunya -participada por nuestra Catalana d´Iniciatives, que fue la iniciadora del proyecto ya en 1986 y la mantenedora del mismo a lo largo del decenio- la adjudicación de las tres demarcaciones catalanas del cable; y para la empresa de la que forman parte y que está liderada por ENDESA, la adjudicación de Retevisión, que se ubicaría en Barcelona. Estas dos noticias, resultado de un trabajo de muchos años, nos situarían finalmente donde queríamos estar en este campo decisivo. Ernest Maragall ha tenido mucho que ver en este proceso: todo.

Del mismo modo, y debido a la necesidad de ordenar un subsuelo enormemente cargado, somos pioneros de la cartografía subterránea, la creación de galerías de servicios y la colaboración entre autoridad local y empresas de servicio público.

Otro hijo del Plan Estratégico es la Red C-6 de ciudades del Norte del Sur de Europa (Montpellier, Toulouse, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona). Este conjunto de capitales, y sus regiones de influencia, suman más de quince millones de habitantes -el cinco por ciento de la Comunidad Europea- y el ocho por ciento del territorio comunitario. Cuentan con una tasa de paro superior a la media europea, pero también con un ritmo de crecimiento económico superior.

No parece que los cambios políticos municipales hayan de echar a perder la cohesión de un conjunto que reúne todas las circunstancias para convertirse en uno de los complejos territoriales equilibradores de una Europa que pesa mucho hacia el Norte y, desde 1989, hacia el Este.

Al igual que el Plan Estratégico ha escogido la vía razonable de privilegiar la anchura de vía europea sobre el aspecto gran velocidad para pasajeros y no ha descuidado nunca la conexión Sur de la red (Barcelona-Madrid-Valencia), de la misma manera tenemos derecho a esperar una comprensión inteligente de los beneficios que para toda la península ha de tener -como también para el Midi francés- el hecho de disponer de una región bisagra potente, a caballo de los Pirineos, que dejarán de ser barrera para convertirse en cruce, como lo han sido los Alpes durante siglos en la Europa Central. El Comité Interpirenaico de Poderes Locales (Seu d'Urgell, Ariège, Comú d'Andorra, Barcelona y Toulouse) se han adherido al C-6. El sueño de nuestros profetas se hace realidad: el Pirineo contará. Los túneles del Cadí y de Puymorens nos acercan. La Carta de los Ciudadanos y los Pirineos así lo expresan.

Una fuente permanente de insatisfacciones ha sido la conexión aeroportuaria, afortunadamente enfocada hacia un futuro bien diferente con el nuevo edificio terminal y -esperémoslo- con la tercera pista y la transformación de su conexión ferroviaria. El cambio de modelo de gestión, insinuado en el apartado anterior y, por descontado, el cambio de actitud de nuestra compañía pionera y de muchas compañías más pequeñas que operan en Barcelona en el tratamiento de la creciente demanda de vuelos internacionales a Barcelona, han de conducir a la formación de un espacio aeroportuario peninsular de carácter dual y a un mejor aprovechamiento de las ventajas de localización de Barcelona.

A la formación de este hub aeroportuario, necesitado de hangares y servicios de mantenimiento -hoy un avión grande no puede ser revisado, no puede dormir en Barcelona-, tenemos que sacrificar seguramente otros proyectos interesantes pero no tan estratégicos en el entorno aeroportuario, como la gran instalación ferial que se propuso tiempo atrás u otras iniciativas con el mismo consumo de espacio.

Sin un mercado de quince millones de habitantes no es posible, en el Sur de Europa, disponer de un aeropuerto transoceánico. Pero incluso este mercado virtual puede resultar inoperante si los costes comparativos y la calidad del servicio no son los adecuados.

El conjunto puerto-aeropuerto-Mercabarna-Zona Franca-Fira-Zona de Actividades Logísticas puede convertirse, finalmente, en el cambio de siglo, en un complejo modestamente competidor de los grandes centros de distribución de la costa atlántica centro-europea (Amsterdam, Rotterdam, Amberes), que es por donde entran la gran mayoría de las mercancías, mensajes y pasajeros procedentes de América y del Pacífico.

A la potenciación de estas actividades y de su coherencia territorial dedicaremos buena parte de los esfuerzos estratégicos.

Pero no hay duda de que la capacidad de atracción, el interés y la calidad de una ciudad dependen básicamente, en último término, de la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en ella.

A este punto, que el Plan Estratégico considera central, dedicaré el apartado sexto. Pero antes tenemos que hablar de dinero.

"El Ensanche racionalista del XIX es un modelo internacional de optimización del nombre de intercambios por unidad de superficies y tiempo"

 

La financiación de Barcelona

Transcribo aquí, queridos presidentes, las letras que sobre este tema les escribí tiempo atrás. Tienen el aroma de aquel periodo (1985-87) pero conservan toda la fragancia de una realidad que en muchos aspectos, desgraciadamente, no ha cambiado demasiado. En otros aspectos, por el contrario, ha sido desbordada por las considerables transformaciones que entre todos hemos sabido o podido emprender Barcelona.

En un sentido, pues, estas letras pasadas sirven para agudizar los planteamientos que la ciudad hace al Estado y la Generalitat. Ha pasado el tiempo y algunas iniquidades evidentes continúan. No puede ser. Por otro lado, sirven también para poner en evidencia soluciones que se dieron a temas entonces pendientes: la inauguración, en agosto de 1991, del Cinturón del Litoral que atraviesa Barcelona y el Túnel de Vallvidrera (TABASA), y del Circuito de Montmeló a principios de septiembre de aquel mismo año.

El texto de 1987 decía así:

"El momento es particularmente grave y esperanzador al mismo tiempo. Barcelona, gracias a un lento avance a través de estudios y negociaciones con anteriores gobiernos, vio asumidas por el Estado deudas próximas a los 100.000 millones de pesetas a raíz del acceso del Partido Socialista al Gobierno en 1982.

"Estas deudas, correspondientes en gran parte a los intereses compuestos de sus déficits corrientes desde 1974 a 1982, o sea, al coste acumulado de financiación de la insuficiencia del sistema fiscal local aplicado al caso particular de Barcelona, tienen además causas reales y tangibles que en buena parte han continuado actuando a partir del 30 d diciembre de 1982. Y digo en buena parte, porque en parte fueron paliadas por la mejora del sistema fiscal local para Madrid y Barcelona a partir de principios de enero de 1983.

"Enseguida veremos estas causas reales y la dimensión de sus efectos.

"He de recordar también que este saneamiento de las deudas hasta el 30 de diciembre de 1982, al retardarse por lo que se refiere a su materialización, provocó cargas financieras anuales del orden de 2.000 millones de pesetas; pero ante la magnitud del esfuerzo estatal, el sacrificio local no parece extraordinario. Quiero insistir antes, sin embargo, en que la coyuntura, que podría decantarnos de nuevo hacia el desequilibrio crónico si no adoptásemos ninguna medida, es particularmente oportuna precisamente para adoptarlas.

"El Ayuntamiento de Barcelona se ha acreditado como un buen gestor de los recursos a su disposición: ha multiplicado los servicios con una plantilla en descenso desde abril de 1979 hasta hoy, ha disciplinado sus recursos humanos, ha mejorado la imagen de la administración pública, tiene un crédito financiero superior al que tenía antes de que el general Franco decapitase el valor nominal de las obligaciones emitidas para financiar la Exposición Universal, acude al mercado japonés de capitales sin aval del Reino y en las mismas condiciones que éste y ha sido pieza clave para encontrar vías de solución a diez o doce puntos negros que han constituido el entramado real y el transporte de nuestra crisis económica.

"Las obras de los Túneles del Tibidabo, a realizar por la empresa TABASA por cuenta del Consorcio de Túneles del Tibidabo y el Ayuntamiento de Barcelona -por lo que respecta al Túnel de la Rovira-, estaban paradas. TABASA tenía un pasivo de 3.856 millones de pesetas y sólo pagaba a los pequeños obligacionistas: era, de hecho, una suspensión de pagos. Las administraciones locales (Ayuntamiento, Diputación y Corporación Metropolitana) sanearon la empresa aportando por parte del Ayuntamiento el coste del Túnel de la Rovira y por parte del conjunto de las administraciones, el coste del Túnel de Vallvidrera. Adquirieron las acciones al 81'67 por ciento del valor nominal y cedieron gratuitamente dos tercios de las mismas a la Generalitat, con la promesa de que ésta invertiría, contra sus presupuestos, dos veces el valor de la obra ya realizada en Vallvidrera. A partir de aquel momento, se continuarían las obras aportando una tercera parte las administraciones locales y dos terceras partes la Generalitat. Al cabo de cinco años de aquella transmisión gratuita de acciones, el cumplimiento de la promesa no se había efectuado, lo que dio lugar a un requerimiento formal de devolución de las acciones no atendido, pero que desencadenó el inicio de las obras, financiadas evidentemente con un crédito contra TABASA y no contra los presupuestos de la Generalitat.

"El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), saneado por la acción conjunta del Ayuntamiento propietario, el ministerio de Hacienda, deudores y bancos y cajas de ahorro, está hoy rindiendo un excedente neto importante y actúa como Agencia de Desarrollo Industrial del Área de Barcelona. La Generalitat no ha querido oir en diversas ocasiones las invitaciones, formales y documentadas, a incorporarse al Consorcio. Hoy el CZFB gestiona el Parc Tecnològic del Vallès, -construido y financiado por la antigua Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB)- y comparte el accionariado de la sociedad explotadora con la conselleria de Industria, a la que cedió sin contrapartida la presidencia.

"El déficit de los transportes de Barcelona es un capítulo aparte. Una vez redactado y acordado a nivel técnico el contrato-programa para su asunción y el despliegue de las inversiones de futuro preciso, el ministerio de Transportes, que aceptó dotar a la Generalitat de los fondos necesarios para que pudiera hacer frente al treinta por ciento del déficit que le correspondería afrontar según el citado acuerdo técnico, retrasa la firma del contrato-programa basándose en una argumentación centrada en el agravio comparativo. Es éste uno de los puntos más graves y dolorosos de la relación Ciudad-Autonomía-Estado. Será preciso insistir en él al final de estas páginas.

"Por lo que respecta al traslado y reconversión de Hispano Olivetti, pactado con el ministerio de Industria para evitar su cierre, durante el acto de firma de la escritura pública de compraventa del terreno de nueva ubicación en el Parc Tecnològic del Vallès, propiedad metropolitana, el contrato se pudo frustrar. Y es que, en un momento determinado, el notario anunció que algunos registradores habían recibido una notificación de la Generalitat de Catalunya que les obligaba a comunicar previamente las inscripciones de contratos en los que interviniera la Corporación Metropolitana de Barcelona, que en aquel momento había sido legalmente susprimida, aunque seguía, y sigue, en funciones.

"Los precios del suelo de SEAT, propiedad en último término del Ayuntamiento de Barcelona, encubrían una subvención anual implícita importante.

"Por lo que respecta a Motor Ibérica y ENASA, ayudamos con la compraventa de activos a sanear y reconvertir las empresas.

"La empresa Maquinista Terrestre y Marítima sobrevive gracias al contrato de Metro de Barcelona por 12.000 millones para el grupo Mitsubishi-CAF-MTM.

"El polígono Montmeló-Parets-Granollers, destinado a circuito motorista permanente, propiedad del Consorcio de la Zona Franca, está pendiente todavía de las gestiones urbanísticas que lleva a término la Dirección General correspondiente de la Generalitat de Catalunya con los Ayuntamientos respectivos, y también de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes y la Dirección General de Deportes de la Generalitat, a mi manera de ver insuficientes para dotar a Cataluña y a España del circuito que se merecen, en el centro de una de las regiones de afición motorista y automovilística más importantes de Europa. Y en un momento en el que los éxitos de DERBI -a escasos kilómetros del circuito- y de los Cardús, Aspar, Garriga, Sito Pons y Pérez-Sala, así como los trágicos accidentes que se suceden en nuestros anticuados circuitos -el último de ellos el de Mingo Parés en las 24 horas de Montjuïc-, harían especialmente oportunas las decisiones en este sentido. El Reial Automòbil Club de Catalunya y algunas firmas patrocinadoras siguen dispuestos a adquirir y financiar terrenos e instalaciones, en caso de obtener unas ayudas razonables.

"Asimismo, Mercabarna ha pasado de déficit anual a superávit continuado; los hospitales municipales pagan al día a sus proveedores, y tienen unos costes por U.B.A. (Unidad Básica Asistencial) de 15.000 pesetas, inferiores a cualquiera de los del sistema público, etc.

"O sea, el Ayuntamiento de Barcelona ha pasado de ser agente de crisis a ser factor de soluciones, contribuyendo al encarrilamiento de situaciones difíciles vinculadas a crisis bancarias (Túneles y Polígono Montigalà), a la ineficacia histórica de empresas públicas estatales (SEAT, MTM, ENASA) o mixtas y locales (Mercabarna, IMAS, Pompas Fúnebres, etc).

"Esta realidad es reconocida generalmente por empresas proveedoras, contratistas e intermediarios financieros. Ustedes, señores presidentes, tienen medios para comprobarlo.

"Es más: Barcelona ciudad ha contribuido mientras tanto, no sólo a financiar servicios de ámbito estatal/autonómico, como es conocido y reiteraré aquí, sino a financiar servicios locales de los municipios metropolitanos contiguos.

"En efecto, cada familia barcelonesa ha contribuido con 2.000 pesetas al año a financiar un presupuesto, el de la CMB, del cual no ha recibido prácticamente ningún servicio, y que no percibía a su vez más que una parte de la contribución estatal lógica y ni una sola peseta de contribución autonómica.

"El tema metropolitano no es adjetivo.

"Aquí radica el nudo de la cuestión más grave de las que el pasado nos ha planteado y el futuro ha de contemplar.

"Los 26 municipios que rodean Barcelona, con 1.300.000 habitantes, constituyen en buena parte lo negativo de la imagen brillante que en ocasiones puede dar la ciudad central.

"Nuestra realidad urbana está constituida sobre la falsedad histórica de una especialización del espacio central y suburbano, atribuyéndose sólo al central el nombre del conjunto.

"En fin, no puede ocultarse que la prudente mejora de las perspectivas económicas ha de contribuir a animarnos a correr los riesgos calculados que siempre van ligados al abordaje de los pleitos históricos largamente esperados.

"Comentamos ahora los gastos de capitalidad.

Los gastos de capitalidad

"Barcelona, por suplencia o por potencia, ha sustituido al Estado en muchos campos.

"En algunos de ellos, lo suplido ha pasado a ser la Generalitat por transferencia de los servicios correspondientes. Yo diría que éste es el caso más general.

"...aprovechar la densidad para ofrecer comunicaciones a costes por cápita bajos.

 

"Sanidad, enseñanza básica y profesional, museos, instituciones culturales y económicas que ya hemos visto (Palau, Liceu, etc.), Conservatorio, Orquesta Municipal, son los servicios singulares más relevantes en este sentido.

"¿Quién ha de pagar estos servicios? O mejor dicho, ¿a través de qué niveles de la Administración Pública el ciudadano -que en definitiva siempre es quien paga- ha de financiar estos servicios?

"Si los servicios han sido transferidos parece claro que ha de ser la Generalitat quien canalice la financiación. Pero, ¿cómo, si el coste efectivo de estos servicios no figuraba en su momento en el valor de las transferencias?

"Centrémonos en el cómo y dejemos el por qué no figuraba, que sería materia para otra ocasión.

"Sólo de una manera y en un instante preciso puede convalidarse este error. Este momento es ahora y el modo es incluir estos gastos en el coste efectivo antes de globalizar este coste y convertirlo en un porcentaje de los ingresos del Estado.

"Sólo así se habrá acabado, si a partir de este instante la Generalitat dispone de los medios para financiar y efectivamente financia los servicios, la inicua situación actual.

"Hoy por hoy, el ciudadano de Barcelona, y aquí se encuentra el matiz al que me quiero referir, financia por partida doble algunos de los servicios públicos que consume.

"Los hospitales municipales, por ejemplo, pese a ser los más baratos en costes del sistema público, no están totalmente financiados por el concierto con el Institut Català de la Salut (ICS). Una cama de Bellvitge, de la Vall d'Hebron, cuesta a ambos hospitales del ICS más de 25.000 ptas/día que el ICS paga directamente a través de sus nóminas y gastos de material y amortización.

"Una cama del Hospital del Mar, para un asegurado del sistema de seguridad social, está financiado por éste sólo en dos tercios.. y el otro tercio lo paga el mismo asegurado barcelonés ¡a través de sus impuestos municipales! Pero no por eso deja de cotizar religiosamente para cubrir el cien por cien de los costes: después estas cotizaciones son desviadas o bien hacia hospitales públicos menos eficientes o más caros de la propia ciudad, o bien a hospitales de otros puntos geográficos del sistema, o las dos cosas, que es lo más plausible.

"Esta situación no puede continuar así. Y lo mismo ocurre con las escuelas, museos, etc... La situación de las escuelas es una paradoja histórica. Las escuelas municipales no cuestan al nivel estatal/autonómico ni un céntimo. Si fueran públicas-públicas, este nivel de gobierno lo pagaría todo. Si fueran privadas, todo o parte. Como son municipales no paga nada. ¿Se ha de concluir que las escuelas municipales deben simplemente cerrar, o que el legislador quiso que se cerrasen cuando dictó la Constitución y el Estatut? ¿No es más lógico pensar que han de ser refinanciadas, igual que las otras, por el contribuyente general y no por el local, por el local que ya paga su cuota como contribuyente del Estado para financiar las escuelas privadas y las autonómicas?

"Otra cosa sería si las escuelas municipales existieran además de un nivel de oferta pública estándar, como un lujo especial de la ciudad. Pero resulta que esta ciudad tiene, en proporción, la mitad de escuela pública que las otras.

"Resulta una vez más que las carencias del Estado en Barcelona, o la vivacidad de la sociedad civil local, que es la otra cara de la misma moneda, generaron una situación singular que ahora es preciso conservar en aquello que tiene de bueno, o sea, iniciativa, creatividad, gestión próxima, etc., y corregir en lo que tiene de inicuo.

"Aquí, la autonomía, confiada en esta creatividad local y preocupada lógicamente por hacer llegar servicios a comarcas lejanas, remachó el clavo de la situación injusta al congelar prácticamente la oferta de escuela pública en Barcelona ciudad, cosa hasta cierto punto explicable, y olvidar totalmente la cuestión de la financiación de la oferta municipal existente, actitud inexplicable además de injusta.

"Los museos de Barcelona han sido hasta ahora como una familia aristocrática cargada de propiedades y falta de ingresos. Han arrastrado dignamente su miseria, combinando como han podido las obras maestras con las goteras, los riesgos de inseguridad con la iniciativa de sus directores y conservadores.

"Ustedes me dirán que eso pasa, o ha sucedido, en la mayoría de los museos. Y en parte es cierto. Pero sólo en parte. Ahí está el magnífico Museo de Solsona (Generalitat) o el de Escultura de Valladolid (Estado), o el Arqueológico de Mérida.

"Pero eso no es significativo. Lo más significativo es que el Museo de Solsona, el de Valladolid, el Archivo de Indias de Servilla, el de Cerámica de Valencia y los del Prado, Militar, Ejército, Contemporáneo y Biblioteca Nacional de Madrid.... son todos del Estado o la Autonomía.

"Y en cambio, el Museu d´Art de Catalunya, el d´Art Modern, el Picasso, el Rocamora d´Indumentària, el de Música, el de Ceràmica de Barcelona, el d´Arts Decoratives... y hasta 24 museos, ninguno de ellos es del Estado ni de la Autonomía.

"La Autonomía no podía asumirlos por falta de recursos o por la existencia de otras prioridades. El Estado no quería.

"Y a fe que la ciudad de Barcelona no renunciaría a ellos fácilmente: por sentido histórico, por obligaciones jurídicas de preservación de donaciones y legados hechos a la ciudad y por convicción en la bondad de la gestión local.

"Lo único que la ciudad somete a su consideración es la posibilidad y la conveniencia de que el nivel estatal/autonómico financie en todo o en parte aquello que el gobierno de la ciudad y el contribuyente les están ahorrando. No todo, pero sí eso.

"La situación de los museos se fue haciendo más paradójica aún al establecerse la gratuidad de los museos del Estado. Nosotros no nos lo podíamos permitir. Ahora, el visitante forastero puede pensar que la ciudad de Barcelona es menos generosa que las otras, cuando el ciudadano de Barcelona, en tanto que ciudadano, es el único que está financiando sus propios museos.

"El conseller de Cultura, Max Cahner, quiso arreglar la situación a través de una confiscación encubierta de los museos de Barcelona, según la cual, además, la ciudad seguiría pagando el mantenimiento de lo confiscado.

"Durante la gestión del conseller Rigol las cosas cambiaron. Ahora parece que se quiere resucitar aquel proyecto intervencionista.

"La Ley de Sanidad del Estado parece orientarse por la misma vía. Los hospitales municipales pasarían a integrarse en un área sanitaria regida por la Generalitat y financiada -por lo que respecta a estos hospitales- por el Ayuntamiento, igual que ahora, con el único consuelo de que donde ahora podemos gestionar, y gestionar bien, mejor que los otros niveles de gobierno, ahora podremos protestar, ya que se nos da la minoría del Consejo del área. Triste consuelo. Y mal negocio para el país que verá ineluctablemente cómo la gestión empeora y la financiación no mejora.

"No querría que creyesen que estoy pintando un cuadro deliberadamente negro. Cada uno de estos temas tiene planteadas vías singulares de solución que los regidores barceloneses han ido impulsando ante los ministros y consellers correspondientes.

"Pero después de ocho años de impulsión ha llegado el momento de la verdad.

"Desde 1980 el Consejo Plenario de la ciudad de Barcelona, siempre por unanimidad, se ha dirigido a ustedes, sobre esta cuestión, en multitud de ocasiones. Yo mismo lo he hecho, verbalmente también varias veces, y en alguna ocasión he obtenido una respuesta verbal o, incluso, una excusa por escrito.

"En 1986, a causa de la especial política de austeridad que el gobierno de Madrid ha impuesto, el Ayuntamiento de Barcelona tendrá que disminuir su presupuesto.

"Tengo que asegurarles que la única solución a este contrasentido es la financiación por el Estado, vía Generalitat, de los costes de capitalidad o por servicios voluntarios ; es decir, los costes que el Estado y la Generalitat se ahorran por la existencia de servicios municipales homólogos".

La primera conclusión que creo que hay que extraer de esta carta de 1987 es hasta qué punto el problema de siempre -lo era en 1979, lo fue en el periodo 1985-87, lo ha sido en el contrato-programa del transporte firmado en 1990 y de aplicación retroactiva desde 1985 e igualmente en el contrato-programa de 1996- es el retraso en la implementación de las soluciones. Lo mismo puede pasar con el mantenimiento de las Rondas.

Los intereses compuestos del tiempo transcurrido en la negociación son siempre los que acaban teniendo que ser trasladados al futuro y los que acaban impidiendo que la solución sea completamente satisfactoria.

Barcelona, además, ha contado y cuenta con otro factor avivador de déficits por decirlo muy crudamente: la convicción de que pagamos por otros; y la realidad de que nadie -ni Estado ni Generalitat- nos ha negado nunca el fundamento de nuestro argumento sino sólo la oportunidad del mismo. ¿Cómo se podía entender que Barcelona dejara pasar la ocasión histórica que supusieron los Juegos Olímpicos para endeudarse hasta el límite legal y acometer así las labores pendientes en materia de infraestructura? ¿Qué razón tenía para no hacerlo si además sabía que le debían -y le deben- 15.000 millones de pesetas/año por servicios prestados por cuenta del Estado y la Generalitat? ¿Cómo atender las críticas previsibles de la oposición sobre el gasto y la deuda si al gobierno de la ciudad le consta que esta misma oposición, desde sus posiciones de gobierno, cuando las han tenido, no ha movido un dedo para resolver una inquietud tan patente?

Más aún: ¿Cómo se podían considerar excesivas las obras realizadas cuando también nacieron del excedente generado por una gestión financiera modélica, manteniendo un rating altísimo en los mercados de capitales a largo y corto plazo, con una plantilla en descenso desde 1979, con unas empresas e instituciones municipales ayer deficitarias y hoy productoras de dividendos -como la Sociedad Municipal de Aparcamientos, la gestora de las instalaciones olímpicas (BPOSA), Iniciatives SA, Mercabarna, el Consorcio de la Zona Franca y en un sentido la Fira, ya que los activos del Consorcio y de la Fira pertenecen en última instancia al Ayuntamiento- y dotadas de unos activos que superan en mucho nuestras deudas?

Un año antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, Barcelona tenía 100.000 millones de deudas a largo plazo, contrapartida lógica de nuestro esfuerzo compartido en infraestruturas, y otros 100.000 millones de deuda a corto plazo, suma algebraica de los déficits anuales producto de los servicios que pagamos por terceros, y de los retrasos de la implementación de las soluciones entonces vigentes: liquidación de deudas hasta el 31 de diciembre de 1982, o el contrato-programa 1985-1991.

En alguno de estos dos sumandos habría que incluir nuestra contribución al saneamiento de instituciones y empresas que se ha explicado con anterioridad, como TABASA, Zona Franca y Transportes, principalmente.

Barcelona nunca ha pedido que se le devuelva esta contribución. Tampoco que alguien pague la deuda por cuenta de la ciudad. Podemos pagar estas deudas, las estamos pagando. Barcelona pide que de una vez se la compense de los gastos en que incurre por cuenta del Estado y de la Generalitat.

Hace seis años, la ciudad ya lo pedía para poder afrontar con garantías el éxito que constituyó el decisivo 92 y un post-1992 razonablemente activo, para el cual propusimos una inversión anual de 20.000 millones de pesetas -el mismo nivel de los años precedentes a esta fecha sin inversiones olímpicas- y superiores gastos de mantenimiento de una infraestructura que ha crecido. Y lo pedía porque no era lógico, pese a reconocer todo lo que se hizo por ella, que nuestra presión fiscal tuviera que ser más alta que la que había habido en los cinco años precedentes al 92 -ya en sí superior a la de la mayoría de las grandes ciudades españolas y muy superior a la de Madrid, por tomar una referencia habitual.

Para la correcta gestión de la deuda necesitábamos y necesitamos la colaboración del ministerio de Hacienda y la conselleria de Economía, la implementación adecuada de una refinanciación que establezca un plazo de quince o veinte años -empezando a contar desde 1989- como término para hacer frente a la totalidad de las obligaciones generadas por el esfuerzo del 92.

El ministerio de Economía tenía documentados los datos y criterios precisos para los dos tipos de medidas: el pago de los gastos de capitalidad y las bonificaciones necesarias para el refinanciamiento olímpico. La conselleria de Economía los tenía por lo que respecta al primer aspecto y los tendrá, si así lo desea el presidente de la Generalitat, por lo que se refiere al segundo tema. Nos consta que, justo antes de los Juegos Olímpicos, la conselleria y el ministerio afrontaban la revisión de sus propias relaciones financieras.

La solución que se dé en este tema bilateral (ministerio-Generalitat) no será verídica si no incluye los gastos de capitalidad; es decir, por enésima y última vez: el pago de aquello ya transferido de hecho a Cataluña y actuado no por la autonomía sino por la ciudad.

Aceptamos, como generalmente se acepta, que el objetivo para el año 2000 de reparto del gasto público neto entre las tres administraciones del 50/25/25, equivalente a una división por mitades del gasto entre Estado y territorio y del gasto territorial entre autonomía y poderes locales, no puede conseguirse sin un posterior o simultáneo proceso de traspaso de competencias y obligaciones al sector local.

Sólo quiero hacer patente que en el mismo momento en que se acuerde este proceso -que puede tener como horizonte temporal razonable el año 2000, tal como previó el último congreso del partido socialista-, Barcelona aparecerá como acreedora de compensaciones debidas a los servicios que ya está prestando. En Barcelona, el proceso ulterior o simultáneo es ya pasado.

Somos conscientes de que la transformación de las infraestructuras de Barcelona pudo encender, en los menos razonables, sentimientos de agravio. El alcalde de Barcelona siempre ha estado dispuesto a ir hasta donde haga falta para demostrar la magnitud del esfuerzo propio. Lo digo sin petulancia ni acritud: el esfuerzo que los gobiernos que ustedes presiden han hecho en Barcelona se encuentra entre los más rentables de todos los que se hayan hecho, económica y socialmente, pensando en Cataluña y en España.

La calidad de vida en la gran ciudad

Si alguna cosa me mueve, todavía más que la gestión económica, a escribirles, es lo que podríamos llamar el objeto social de nuestras administraciones: la calidad de vida.

Domina la impresión de que las administraciones no estamos dando respuesta a los nuevos retos, cada vez más cualitativos y difíciles de amarrar. Especialmente en las grandes ciudades.

España, y Cataluña y Barcelona en particular, obtendrían una calificación excelente en los temas clásicos de la administración pública ante un tribunal formado por las otras naciones y ciudades del mundo, a excepción tal vez del tema terrorista, si es que es susceptible de juicio exterior y no pide, como yo creo, una prudente reserva por parte de los observadores internacionales.

Pero así como somos modelo político, no lo somos en la calidad de vida pública. Nuestras ciudades, nos dicen, y Barcelona en concreto, son ruidosas, fácilmente tienden a la suciedad, son inseguras, caras en la vivienda, lentas y excesivas en la circulación privada -y por tanto en la circulación pública de superficie-, insolidarias, incapaces de eliminar totalmente la misera, de evitar la degradación de barrios enteros, impotentes ante las inmigraciones fatalmente dictadas por nuestro propio progreso, caldo de cultivo de agresividades, demográficamente decadentes... Una retahíla sin fin con la que nuestros propios medios de comunicación, nuestros partidos políticos -cuando se reúnen en congreso-, asociaciones, vecinos, nuestros propios hijos, regalan nuestros oídos de administradores enteramente entregados a la labor de impedir estas sensaciones.

Parece como si, superados en la pura gestión política e infraestructural, estuviéramos pues construyendo un magnífico país nuevo, o renovando magníficamente un viejo país, transformando prodigiosamente nuestra ciudad... para hacerla el escenario de la eterna incapacidad de mejorar de verdad. El mejor escenario del peor drama, el de siempre.

Y tal vez en realidad no se puede hacer mucho más. Estirando mucho, la necesidad que en el corazón sentimos de haber contribuido a objetivos que realmente tengan que ver con aquello que cuenta para la humanidad -la mejora y la dignidad de nuestro entorno humano y natural- la podemos satisfacer a cuenta de lo que habremos conseguido en términos de orgullo colectivo: España es más respetada, Cataluña más libre, Barcelona más ciudad que nunca. Los otros nos lo dicen. Nuestros ancianos se sienten más protegidos -económicamente, sanitariamente. Los jóvenes no lo dicen, pero nosotros sabemos que viven en mejores condiciones. Y al mismo tiempo.... ¿Estamos realmente yendo más allá?

El móvil más profundo de esta carta, queridos presidentes, es la convicción, que creo que hemos de compartir por fuerza, de que se puede ir más allá. De que ya casi estamos yendo. De que también en la finalidad de nuestra vida colectiva, en el sentido más exigente, el más cercano a la moral social, tenemos o podemos tener avances.

Y si algún sentido tiene que el alcalde de una ciudad ose dirigirse en este tono a ustedes es porque cree que puede contribuir, con un punto de vista particular, a la matización de las reglas de nuestra colaboración con este fin. Es porque desde la Alcaldía se ven aspectos que creo interesante hacer conocer a los niveles más altos de gobierno. No pretendo con estas letras incidir en el enojoso tema de las relaciones insterinstitucionales, en especial dentro de Cataluña, que nos incomoda como tal, tanto al presidente de la Generalitat como a mí. Ambos sabemos lo que hemos tenido que tragar y lo que hemos tenido que forzar para responder dignamente a las exigencias evidentes y respectivas del orgullo nacional y local. Los dos sabemos que los resultados de nuestra relación -sea cual sea la calificación que ésta merezca públicamente- son, en este aspecto, enormemente positivos. Y sabemos también que partimos de principios diferentes y probablemente no conciliables en el curso de nuestra actividad política, por continuada y larga que ésta pueda parecer, breve como es en realidad si se cuenta el tiempo que necesita la historia para precipitar cambios significativos.

Se trata aquí de colaborar de una manera que nuestros equipos de gobierno conocen. Armet y Guitart, en Cultura; Trias y Clos, en Sanidad; De Nadal y Borrell, en Hacienda; Torres y las autoridades del Tráfico, Raventós y Alavedra, en la Promoción Económica; Marta Mata, Rubalcaba y Carme Laura Gil en Enseñanza; Eulàlia Vintró y los responsables de Bienestar Social -una cartera que por cierto fue creada en el Ayuntamiento de Barcelona (1987) y sucesivamente en la Generalitat (1988) y en el Estado (1989)-; Jordi Borja y los responsables de cooperación: todos ellos han demostrado capacidad de entenderse. Hoy deberíamos ampliar y actualizar esta lista, pero la dejo tal como fue descrita hace unos años porque proporciona el aroma de aquella época y porque, conforme pasa el tiempo, es cada vez más justo y necesario recordar situaciones antiguas y nombres y cargos pasados, olvidados.

¿Han necesitado nuestro consentimiento para colaborar? Sin duda, directa o indirectamente. Cuando en la cúspide se crean tensiones, en los niveles operacionales padece la cooperación, aunque a menudo la fuerza de las cosas, el interés y el amor propio de los responsables es más fuerte que el clima de la cúpula.

Pero hay un buen número de sectores en los que no hemos conseguido los resultados deseables. El tráfico y el aparcamiento, la vivienda y la degradación de los barrios, la inseguridad y la droga son los ejemplos más claros.

Aquí no es que nos lo digan, es que nosotros sabemos que tenemos que hacer más. También en todo esto hemos mejorado bastante desde que este texto fue escrito, pero lo mantengo tel quel.

Normalmente nos pasamos la pelota como podemos: usted no me da suelo, yo no le hago vivienda; el Estado no nos pasó los polígonos en buenas condiciones, yo no los lleno; la autonomía de Cataluña no ha hecho el esfuerzo equivalente al que el Estado ha hecho en otras Comunidades que no tienen tal transferencia y donde el centro actúa directamente: el Estado no le pasará el dinero que pide; usted me pide que la policía local tenga el carácter de policía judicial, yo le digo que los juzgados no lo quieren, peor, que tengo otros problemas más importantes que traspasar dinero a la policía autonómica, etc... Y todavía es más indignante que otras la evasiva triangular (ahora no me moleste que estoy pendiente de este otro señor), situación que se da a menudo, como es lógico, en un sistema de tres niveles de gobierno.

En estas situaciones, repito, el cinismo de una cierta parte de la opinión se justificaría si no hiciéramos alguna cosa diferente y siguiéramos consumiendo el tiempo que tenemos en larguísimas disquisiciones bilaterales que no resuelven los problemas de la gente, sino tan sólo, en el mejor de los casos, el de los gobernantes de los dos niveles involucrados.

"Algunas torres altas, pero no muchas".

 

La ordenación del tráfico

Concretamente: en el tema del tráfico tenemos que reconocer que la movilidad en el centro de las ciudades, tanto la pública como la privada, no paga los costes que genera, y que, por tanto, habrá de aumentar sus precios. Que el precio de la movilidad privada tendrá que aumentar más que el de la pública, porque la primera genera más costes de congestión: colas, contaminación, etc. Y, finalmente, que las ordenanzas no se cumplen porque las multas no se pagan -especialmente entre municipios diferentes-, que por tanto las autoridades locales, faltas además de poderes efectivos directos como la retirada de carnets o la inmovilización de vehículos in situ, no podrán, en estas condiciones, ordenar nunca el tráfico. Utilizo superlativos para ser más claro, ustedes me perdonarán la contundencia.

Precios bajos de la movilidad en el centro, que es un bien escaso; todavía más bajos en la movilidad privada que en la pública, respecto a lo que debería ser, y por tanto pocos autobuses, mal financiados, y perdidos en un mar de vehículos privados, más contaminantes y subóptimos, como dicen los economistas; precios relativos de la movilidad regidos mucho más por preocupaciones macroeconómicas -IPC- que por el deseo de mejorar el tráfico; bombardeo insistente de los car-makers para vender coches más y más grandes y potentes que cada vez estarán más rato parados en colas más largas; timidez de las administraciones ante el hecho de la magnitud del PNB, la exportación y la ocupación implicados en el sector de los car-makers; imposibilidad de construir aparcamientos privados en el marco de un planteamiento urbanístico desfasado, que no les reconoce el carácter de equipamiento y no ha previsto, en general, suelo calificado para esta finalidad. ¡Pocos aparcamientos elevados encontrará usted en nuestras ciudades atiborradas de coches, en la calle y sobre las aceras!.

Ésta es la situación, largamente dramatizada. ¿No podemos hacer nada? En caso de que pudiéramos, ¿lo haríamos?

Ya hemos hecho algunas cosas. Gastamos o comprometimos mucho dinero para facilitar a la ciudad una circunvalación interna como la que tienen París, Nueva York o Madrid. Y en hacer otra línea transversal de Metro, la línea 2. Construimos cincuenta parkings públicos o concesionales hasta 1993, y otros 35 más antes de finales de 1997. Barcelona está pasando a ser tal vez la ciudad europea con más parkings públicos, sobre todo residenciales. ¿Por qué no parkings privados? Porque no son rentables en comparación con la construcción de oficinas y/ o viviendas, a los precios relativos actuales.

Las motos ruidosas están siendo retiradas desde hace tiempo; las sanciones de las Jefaturas de Tráfico han aumentado; los experimentos de permisividad también -por ejemplo, en el aparcamiento nocturno en la calle, en el centro de la ciudad. Las sirenas de las ambulancias públicas han disminuido su estridencia y tienen un sonido discontinuo y en dos tonalidades, excepto las que vienen de fuera.

Permítanme desear fervientemente que en estas cuestiones no se adopte solamente el punto de vista macroeconómico, sino también el micropolítico de las ciudades congestionadas, que necesitan indicaciones claras de que los poderes extraurbanos son sensibles a sus problemas, tanto en materia de precios relativos como de recursos disponibles para la financiación de las estructuras y la explotación del transporte público, y en la línea de otorgar poderes efectivos a los elegidos locales.

Diría que en este deseo está representado el principal de los agravios y la principal de las esperanzas que una autoridad local puede dirigir a sus superiores.

A veces, cuando las autoridades superiores deciden ponerse manos a la obra y atacar los problemas de la calidad de vida en nuestras ciudades -Plan Felipe de transportes, Plan Pujol de vivienda, por ejemplo-, nuestro sentimiento se divide enseguida en dos direcciones. En primer lugar, pensamos: por fin un aumento de recursos largamente pedido. Y después: ¿cuántos errores no se cometerán desde la lejanía de los enfoques macro o nacionales de problemas que localmente conocemos hasta la naúsea?

La calidad de las calles, del tráfico, de las emisiones sónicas, de la congestión... aunque parezca imposible, es dominable. No radicalmente, pero sí significativamente. La gente no pide mucho más.

Confíen en nosotros y avanzaremos claramente en esta cuestión.

No es muy diferente mi mensaje en lo que se refiere a la vivienda y la degradación de los barrios.

Pasamos casi seis años mordiéndonos los puños en esta materia. Pese a que la responsabilidad la tenían personas que fueron capaces, por ejemplo, de transferir el stock municipal de vivienda a los ocupantes y de eliminar en diez años y sin traumas las barracas de la Perona: ¡cuánto debemos a Xavier Valls en estos temas!

Calificamos suelo de equipamiento en los centros antiguos; seguimos las lentas y enrevesadas prescripciones de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs); buscamos suelo para vivienda protegida o pública, etc. Los resultados fueron muy pobres.

Desesperanzado, me dirigí por escrito al presidente de la Generalitat sobre la cuestión específica de Ciutat Vella. No sirvió de gran cosa. Y lo entiendo perfectamente; a mí tal vez me pasaría lo mismo que a él si tuviera que entender la cuestión de Ciutat Vella a una cierta distancia.

Nos decidimos por la creación de un instrumento mercantil, una sociedad anónima, a medias con sectores privados interesados en la mejora del barrio, para hacer a través del mercado -y utilizando las ventajas del procedimiento del ARI, todo sea dicho- lo que con los métodos administrativos tradicionales y las miserias económicas habituales no se podía hacer.

Los resultados fueron considerables. Adquirimos discretamente, tal vez, 300.000 m2 de techo, el equivalente a la Vila Olímpica. Derribamos algunas manzanas de casas, haciendo que el mejor factor de la rehabilitación -la luz del sol- penetrase en el corazón de Ciutat Vella. Saneamos calles y servicios públicos, construyendo algunos equipamientos de barrio -no tantos como preveían los planes urbanísticos-, y atrajimos equipamientos de ciudad y nacionales: universidades, el Museu d´Art Contemporani, el Centre de Cultura Contemporània, la Biblioteca Provincial en su día, etc.

Desde entonces el barrio ha cambiado. Los jóvenes lo frecuentan. Artistas y profesionales buscan ubicaciones en Ciutat Vella. La moral de los tres núcleos activos del barrio: asociaciones de vecinos, comerciantes y entidades benéficas, ha mejorado. La de la policía también. Después me referiré a la inseguridad: a veces me he referido a la técnica del esquiador de fondo -un esfuerzo urbanístico, un esfuerzo de seguridad, y así sucesivamente- para describir lo que es preciso hacer como marco de la actuación pública en barrios degradados.

Pero el secreto de la rehabilitación está en la descentralización, la proximidad, el dominio del territorio. Barcelona ha tenido la suerte de encontrar a un mismo tiempo la fórmula, el dinero y las personas capaces de dirigir desde el lugar, desde el distrito, la acción rehabilitadora.

¿Quiere decir todo esto que Ciutat Vella está salvada? No necesariamente. Periódicamente regresa el pesimismo -tal vez perdiendo fuerza. Si aumenta el influjo de inmigrantes con pocos recursos, en momentos determinados, la digestión urbana se hace difícil.

Dios nos libre de un desfallecimiento, ni que fuera temporal, de la acción rehabilitadora. En diez meses podríamos perder tres años. La clave está en los equipos humanos, de nuevo. Son gente que debe combinar un profundo conocimiento del mercado inmobiliario con una capacidad de solidaridad carente de dogmatismo para colaborar con entidades eclesiásticas al igual que con la policía nacional o los comerciantes, y al mismo tiempo han de tener una noción muy clara de lo que se puede y se tiene que exigir a la administración judicial y también a la administración sanitaria y educativa.

Si la sociedad que regimos fuera capaz de retribuir con alguna divisa -quizás una que no fuera el dinero- la excelencia en esta materia de una forma tan diligente y categórica como la que utiliza para retribuir el talento empresarial, aquí tendríamos un grupo selecto de millonarios de esta divisa.

Por un plan de vivienda y transporte

Las ciudades han aprendido a vigilar qué hacen las otras. Recuerden los periódicos incidentes verbales procedentes de regidores poco sagaces, de diferentes municipios, referentes a la exportación de mendigos y otros fantasmas, que, como todas las ilusiones ópticas, tienen siempre una base real. El colectivo de mendigos, por ejemplo, tiene un sector de una gran movilidad y capacidad de información interciudades.

Discúlpenme ustedes la disgresión. Ustedes se deben estar preguntando: ¿qué demonios quiere el Alcalde de Barcelona que haga yo en materia de vivienda?

Primero, no olvidar que las leyes generales no siempre sirven: los costes unitarios de construcción y los baremos de ingresos que se utilizan en la ley no sirven para Barcelona.

Segundo, no olvidar que el municipio de Barcelona está ya acabado, lleno, rebosante; que no hay suelo urbanizable.

Tercero, concluir por tanto que el único suelo obtenible está bajo las casas que hay que comprar y vaciar antes de derribar, por decirlo muy brutalmente, y que por tanto se tendría que gastar más dinero que en otras circunstancias.

Cuarto, admitir que en la Barcelona real, más grande que la municipal, tiene tanta influencia en el precio de la vivienda la inversión en metro y autobús -y túneles y cinturones- como la inversión en la misma vivienda.

Quinto, y en resumen: sobre la base de los cuatro puntos anteriores, ir a concertar un plan de vivienda -y transporte- de Barcelona con todos los instrumentos en la mano.

En todo caso, hay que señalar que los precios reales en Barcelona están probablemente bajando y que seguirán bajando. Abran ustedes el diario cualquier día y vean la creciente publicidad inmobiliaria: hay competencia. Está mal que lo diga yo, pero hacia 1992, detrás de la mayor parte de esta publicidad estaba la mano municipal: en la Vila Olímpica, Montigalà, Vall d'Hebron, Eixample Marítim, Llars´93, Barna Rehabilitació, porches de Fontserè, y hasta incluso en los apartamentos universitarios de Bellaterra, otra iniciativa que emprendió Xavier Valls. Sin contar Procivesa, la empresa mixta de Ciutat Vella, donde espero que la Generalitat acabe colaborando.

Ésta ha sido nuestra política: hacer viviendas para que no suban de precio. Hoy tendríamos que añadir: Diagonal-Mar, Front Marítim, Diagonal-Poble Nou, etc.

Nosotros llamamos vivienda asequible a aquélla que se vende con poco margen o margen nulo; o sea, a precio de coste. Ésta es la vivienda que promocionamos. No creemos que la pobreza extrema se pueda resolver con viviendas por debajo de este precio. Ha de ser con subvenciones o exenciones a la persona. La vivienda barata no hace rica a la gente pobre. Y tiende a empobrecer el entorno, disminuyendo los valores de las propiedades adyacentes.

Por eso iniciamos la rehabilitación de los cuatro kilómetros de fachada costera con viviendas para la clase media y media alta. No queríamos tener que afrontar el mantenimiento con cargo a los presupuestos públicos de cuatro kilómetros de vivienda social: imposible.

Queríamos que se destinase una parte del stock de viviendas de la Nova Icària a gente joven de clase media, a precio de coste, en la franja baja de los precios de mercado; o sea, una vivienda asequible. De otra forma habríamos faltado a la norma que nos habíamos impuesto y que el mercado acepta: siempre que el municipio participe de alguna forma en una operación inmobiliaria de grandes dimensiones exigirá que una parte de las viviendas se destinen a este segmento de la población. Así fue en el Eixample Marítim y en la Vall d'Hebron, donde comercializamos dos paquetes de 150 viviendas cada uno sobre un total de 500; igualmente en Montigalà y de alguna forma en Bellaterra (Cerdanyola). No es imposible que los promotores aumenten su oferta y ofrezcan dos precios en una misma operación, cargando el beneficio mayoritariamente en una parte de la operación y eligiendo adecuadamente las dimensiones y las ubicaciones más y menos favorables.

El sector inmobiliario de las ciudades centrales, donde tienen tanta importante el precio de repercusión del suelo, los valores locacionales y los ambientales -y por tanto la inversión urbanizadora-, tenderá a ser un sector con una fuerte presencia pública, bien operacionalmente, bien por la vía del concierto.

La mejor respuesta a su hipotética pregunta -"¿Qué puedo hacer yo?"- es la siguiente: Capitalizar las operaciones inmobiliarias emprendidas por el municipio, participando como accionista; financiar toda aquella vivienda pública o social que el municipio me solicite para encauzar el circuito de rehabilitación y para hacer frente a la destrucción de viviendas por accidente, envejecimiento lógico -fachadas antiguas- o envejecimiento prematuro -aluminosis.

Tenemos que ofrecer la vivienda pública a todos aquellos a los que, voluntaria o involuntariamente, la ciudad obliga a marchar de casa. Y a nadie más, en principio.

En buena medida, aquí como en materia financiera, se trata de poner en marcha procesos saneados y solventes y hacer frente dignamente a la amortización de los costes del pasado.

Todo esto se traducirá en la creación de una nueva clase de administradores urbanos y empresas especializadas, qu combine la agilidad operativa con la admisión de objetivos prefijados por el sector público.

El nuevo Plan de Vivienda ha de favorecer este proceso. El plan sin el mercado no vale para nada. El mercado solo destruye valores con la misma eficacia con que los crea.

Si les hubiera escrito a ustedes hace algún tiempo, este último apartado de mi carta, el de la inseguridad, hubiera sido mucho más negativo de lo que ahora será.

He aquí el panorama de los últimos años: un tercio de las oficinas de "la Caixa" de Barcelona atracadas en un año; rebote al alza en el índice de victimización que analizamos desde 1985; frustración creciente de una policía local que sólo a través de muchas horas extra y el ejercicio de un cierto heroísmo competencial mantiene a raya una presión delincuencial siempre alta; sucesivas recaídas en el desánimo de los jueces y fiscales más activos en su sensibilidad por la preocupación ciudadana en este tema: moción Bandrés sobre incompatibilidad de instrucción y sentencia; fracaso de la operación justicia rápida en la Costa Brava por falta de colaboración de algunos fiscales, etc.; un cuerpo de Policía Nacional poco motivado, con vacantes en exceso y fronteras mal definidas; el proyecto de dignificación de la Jefatura y sobre todo de las cinco grandes comisarías avanza con una lentitud exasperante; la mejora de la situación penitenciaria -traslado de la prisión de la Trinitat y de la Model-, que se produce también con una morosidad excesiva; un cuerpo consular que de forma rutinaria expone sus quejas estivales sobre la victimización turística, etc.

De todas formas, el proyecto de la Carta Municipal y los Juegos Olímpicos hicieron posible el tan esperado milagro: el Consejo del Poder Judicial, con

conocimiento y aquiescencia del ministerio y de las autoridades judiciales catalanas, propuso la creación de cuatro nuevos juzgados de guardia, y se comprometió así a agilizar procesos y juzgar en diz días alos presuntos delincuentes de delitos menores durante los Juegos Olímpicos, y por supuesto, después.

Propuse a los representantes del Consejo el aumento de los juzgados de guardia de cuatro a cinco, y me comprometí a encontrar ubicaciones apropiadas. El Consejo consideró las dos alternativas: concentración o descentralización. Con cinco juzgados descentralizados se podía conseguir hacer corresponder un juzgado y una supercomisaría para cada dos distritos. Los distritos cuentan, cada uno, con su estructura policial local, bajo el mando de un oficial. Tienen su Consejo de Prevención y una mesa de coordinación policial, donde se reúnen el oficial y los dos o tres comisarios que corresponden -sobre las 16 viejas comisarías existentes- a cada distrito municipal. No les extrañe que me extienda en estos detalles. Al final, todas las grandes cuestiones se reducen a un conjunto de detalles.

Si Barcelona dispone de esta estructuración policial-judicial, será mucho más difícil que se nos escape una mejora real de los índices de seguridad y, correlativamente, de la eficiencia judicial percibida por los ciudadanos. Si esto no es así, es muy difícil, en cambio, que podamos mejorar. No les digo que es posible que se agrave la situación, porque siendo consciente de la fragilidad, todavía hoy, de estas expectativas de cambio, estoy obligado a expresarme como si éstas pudieran no existir y a colaborar, en este caso, con una modulación más optimista de lo que realmente creo, a mantener la tensión y la moral que serán necesarias en ese momento. Ustedes comprenden perfectamente lo que quiero decir. Pero de hecho la mejora ya se ha producido: mientras un gobierno de ley y orden como el de Mrs. Thatcher veía empeorar la tasa de criminalidad en un 50 % en diez años (1980-90), Barcelona (1985-95) mejoraba en un 50 % la tasa de victimización. Podría resumir diciendo que el famoso guardia de barrio que existe desde 1994 -más de dos tercios de los efectivos policiales locales están asignados a los distritos-, no aparecerá como tal hasta que no haya una justicia, no digo de barrio, pero sí de distrito, o de superdistrito.

Paradójicamente, la propuesta del Consejo del Poder Judicial respondía de manera aparentemente negativa a nuestra propuesta de justicia municipal, tal y como estaba recogida en el proyecto de Carta de aquel momento. Nos decía el Poder Judicial: "No nos hace falta que ustedes pidan subir al escalón de la justicia municipal; ya bajamos nosotros al de la justicia de distrito". O bien: "No hace falta que ustedes asuman un papel en el campo judicial: nosotros desconcentraremos nuestra propia organización y asumimos su preocupación".

Nosotros nos sentimos satisfechos de aquel compromiso, que nos parece histórico.

Y en realidad nos consta que el Poder Judicial no es contrario a la justicia municipal, con un campo acotado a temas subcriminales, faltas, accidentes de tráfico, disputas de vecinos, problemas de comunidades de propietarios, arbitrajes, y tal vez incluso hasta pequeños delitos en la frontera del crimen. Entre otras razones porque esta justicia de paz de gran ciudad solucionaría una posible inequidad constitucional de nuestras leyes básicas al tratarse de diferente manera la protección jurídica de la seguridad del ciudadano -justicia profesional- y del campesino o habitante de pequeños núcleos urbanos -no profesional.

Éste es un tema que queda abierto.

En todo caso, con justicia descentralizada o desconcentrada, municipal o no, es obvio que se creará un campo en el cual la policía local de la gran ciudad podría actuar -primero en la práctica, después formalmente- como policía judicial.

Estos cambios pueden llevarse a cabo con escasas adaptaciones legislativas, si bien siempre habrá que cuidar los detalles de las mismas y afinar el sentido de la proporcionalidad. Hay adaptaciones, como la inclusión de los graffiti en el Código Penal, que más valdría no haber hecho. No se matan moscas a cañonazos. Sin embargo, si se actúa con cuidado y sensibilidad, y si ustedes tienen la más mínima confianza en mis palabras, créanme: en estos pequeños cambios nos jugamos en gran medida la calidad de vida. En ellos, y no sólo en los grandes proyectos legislativos, políticos o urbanísticos que, no obstante, se convierten en indispensables.

Así, pueden estar seguros, queridos presidentes, que Barcelona no desertará de este doble frente de atención y de legítima ambición. Desde el primero, exigirá aquellos instrumentos y recursos que necesita la gran capital de un pequeño país para cumplir con dignidad, autonomía y responsabilidad su papel en el marco de Cataluña y de España. Desde el segundo, Barcelona velará para que las relaciones entre la administración y los ciudadanos estén presididas por la eficacia y el respeto, por la tolerancia y la civilidad. Y es que, en definitiva, nunca podemos olvidar que, por encima de todo, la ciudad es su gente